Durante la audiencia en el alto tribunal, defendimos la vida y el territorio, recalcamos que hay que acabar la coca pero con alternativas como la sustitución que ha demostrado resultados exitosos, tal como lo refleja el más reciente informe de Naciones Unidas en la materia. Advertimos que si vuelven las fumigaciones se desatará una crisis humanitaria sin precedentes y no se resolverá, de fondo, el problema de los cultivos de uso ilícito.

Un enérgico pronunciamiento en defensa de Nariño, la vida y en rechazo a la lógica de la muerte por cuenta del uso del glifosato, pronunciamos durante la audiencia convocada por la Corte Constitucional en seguimiento a la sentencia T-236 de 2017, que fijó unos requisitos frente a la utilización del herbicida en labores de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito.

Ante los honorables magistrados, ministros del Gobierno Nacional y representantes de comunidades campesinas y afros, dejamos en claro el apoyo irrestricto a la Fuerza Pública para que combata la criminalidad. Indicamos que Nariño tiene claro que hay que acabar con las plantaciones de coca, combustible de cualquier guerra, pero bajo ninguna vía que implique un riesgo a la vida y al deterioro ambiental así como de la salud de los habitantes.

Me aterra la lógica del argumento que nos pongamos como Estado a la par de la criminalidad en el sentido de decir que como ya hay afectación ambiental por parte de los criminales, que importa contaminar con glifosato. Eso es rebajar el Estado a nivel de la criminalidad.

Explicamos que las graves afectaciones del glifosato en la salud y el ambiente, ya se han demostrado en múltiples investigaciones científicas y en precedentes como el fallo de Monsanto, en Estados Unidos, y en ejemplos más palpables en la región como la indemnización de 15 millones de dólares que pagó Colombia a Ecuador por los daños del herbicida en labores de aspersión aérea en el área fronteriza de ambos países.

Insistimos en que el problema debe abordarse, desde el Estado, de manera integral, pero de forma real y no discursiva. Aquí lo que se está planteado es un falso dilema. Aquí se habla de acción integral, donde se puede medir si no es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Me van a decir que hay integralidad en materia de la lucha contra el narcotráfico y estos cultivos cuando solo en el Plan Nacional de Desarrollo aparece que la sustitución va a adelantarse para 17 mil hectáreas?, ¿Dónde está la acción integral? Si en el Plan Nacional de Desarrollo todo está encaminado a la fumigación.

Fuimos enfáticos en recalcar que volver a las fumigaciones es condenar a Nariño y demás departamentos al flagelo de una crisis humanitaria sin precedentes.

Nosotros desde este departamento no estamos de acuerdo con el glifosato. Y lo digo: también sería de paso desatar y desencadenar una crisis social, humanitaria, para Nariño. ¿Qué van a hacer con las más de 50 mil familias que en el departamento dijeron queremos sustituir, las van a fumigar?
No puede tratarse como grandes criminales a los campesinos que se han visto obligados a sembrar coca como único medio de subsistencia.
El camino entonces es fortalecer la sustitución producto de la concertación con los campesinos. Los resultados hablan por sí solos: la resiembra en donde se ha erradicado de forma forzosa es del 35 por ciento, y en donde se ha hecho sustitución de cultivos es de menos del uno por ciento, dicho esto por las propias Naciones Unidas. Es una matemática elemental que traza el camino a seguir.