La interacción existente entre las diferentes dependencias de la Gobernación y la Oficina Asesora Jurídica permite que se brinde un constante apoyo y asesoría, garantizando así que las actuaciones institucionales sean estudiadas desde diferentes perspectivas, con el fin de asegurar un mayor control de las mismas en cuanto a su adecuación al marco normativo vigente.

Esta interrelación contribuye a la ejecución de las políticas de prevención del daño antijurídico mediante una revisión integral, con el apoyo de profesionales de diferentes disciplinas.